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Objetivos La misión de UNE-19601 es “ayudar a las organizaciones a prevenir delitos”. ¿Cómo? Alineando el esquema de su predecesora, ISO 19600, con el Código Penal. No se queda por tanto en una mera traducción, sino que desciende al detalle de la normativa nacional. Y no solo eso, sino que ha tenido también en cuenta tanto las directrices marcadas por la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, así como el criterio de “de destacados expertos representativos de los diferentes grupos de interés del ámbito del compliance penal”. Con ello, se ha buscado y obtenido, en opinión de muchas de las personas que la han analizado, un alto grado de calidad técnico-jurídica al aunar los esfuerzos de metodología propios de las normas de estandarización, con las características propias de nuestro sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, recogido fundamentalmente en el artículo 31 bis del Código Penal (LA LEY 3996/1995).   Accede al contenido completo...

La Guàrdia Civil ha deixat en llibertat l'extresorer de CDC, Andreu Viloca, l'exresponsable de l'organització de CDC, Francesc Sánchez, el directiu de la constructora Oproler, Josep Maria Bassols, i l'empresari Fèlix Pasquina, l'exregidor a l'Ajuntament de Barcelona Antoni Vives i el delegat a Madrid de l’empresa Oproler, Sergio Lerma. Cap d'ells ha declarat davant del jutge. Accés a la notícia  ...

La acusación pública eleva la estafa a 29 millones y pide hasta 10 años de prisión para directivos y técnicos La Autoridad Portuaria pagó por unas piedras que nunca se utilizaron en la construcción del dique Est J.G. ABALAT LUNES, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016  La Fiscalía de Barcelona solicita de siete a 10 años de prisión para nueve altos cargos y técnicos de dos uniones temporales de empresa (UTE) por un presunto fraude de 29 millones de euros cometido en las obras de la prolongación del dique Est del Port de Barcelona, que se iniciaron en el 2001 y finalizaron en el 2008. El juicio está pendiente de fecha. A los investigados se les imputa haber falseado facturas por unas piedras que no se llegaron a utilizar y por el cobro de otras rocas para construir una instalaciones cuando en realidad se utilizaron escombros. La Autoridad Portuaria, que ejerce la acusación particular y está representada por el abogado Rafael Entrena, eleva la presunta estafa a 47 millones de euros. La fiscalía acusa a todos los encausados de falsedad documental en relación con un delito de estafa, por los que les pide siete años de cárcel. A un jefe de departamento le añade dos delitos de fraude a Hacienda y reclama para él 10 años de prisión. ACCEDE A LA NOTICIA, EL PERIÓDICO (28/11/2016)....

Seguramente nunca conoceremos, con seguridad, hasta qué punto fue determinante en el fallecimiento de la senadora Rita Barberá su situación procesal, pero, desde luego, no es en modo alguno descartable que la angustia o preocupación por estar sometida a una investigación penal y afrontar el trance de una declaración ante un magistrado, haya tenido un efecto desencadenante de su crisis cardíaca. Si bien la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pretendió eliminar el término imputado, con el que se aludía a la persona sobre la que tan sólo recaen meras sospechas, pero respecto de la cual no existen, momentáneamente, suficientes indicios para que se le atribuya formalmente la comisión de un hecho punible, sustituyéndolo por el término investigado, lo cierto es que, en la práctica, no se ha disminuido, en absoluto, el efecto estigmatizante que a nivel jurídico, social, mediático y, sobre todo, político, tiene el adquirir dicha condición procesal. Por más que el proceso español sea claramente garantista con los derechos de los investigados y acusados, en la práctica, la publicidad de los procesos de interés mediático, las lamentablemente habituales filtraciones de las actuaciones y la falta de interés de los medios, en muchas ocasiones, por las tesis exculpatorias, dado su escaso interés periodístico, determina que el daño reputacional para el investigado sea inevitable y, casi siempre, irreparable. En mi carrera profesional he asistido a muchísimos investigados y acusados y, si bien en algunos casos aislados aparentemente se soportaba la situación con tranquilidad –aunque seguramente la procesión iba por dentro- en la mayoría de los supuestos, el peso de la investigación penal genera un tremendo desasosiego que se traslada a todos los ámbitos vitales de la persona: família, trabajo, salud, etc. El abogado debe, a menudo, actuar más de psicólogo, que como jurista, advirtiendo de la longevidad de los procesos en los tribunales españoles y de la necesidad de un blindaje emocional. No es fácil y, desgraciadamente, he presenciado, directamente, como algunos fueron incapaces de aguantar una situación que percibían como injusta e insostenible. Por todo ello, independientemente de la opinión que nos merezca la investigación concreta de Rita Barberá y el contexto en que se produce, lo sucedido debería llevar a la reflexión. No son pocos los casos en que se han producido linchamientos públicos de personas en fases iniciales de investigación que han culminado, a la postre, en resoluciones de archivo o sentencias absolutorias. Sin embargo, el daño producido era ya de muy difícil reparación o, como en el caso de Rita Barberá, definitivamente irreparable. Rafael Entrena Abogado Profesor del Master de Abogacía de la Universidad Pompeu Fabra...

Debe reivindicarse un derecho a la reserva o confidencialidad. Soy consciente de que esta reflexión va contracorriente y no es políticamente correcta. Rafael Entrena. EL PAÍS, 23 de agosto de 2016. Recientemente se ha aprobado el Código de conducta de los Altos cargos y personal directivo de la Generalitat de Cataluña y otras medidas en materia de transparencia y grupos de interés. Dicha normativa establece, entre otras disposiciones, la obligación de los Altos cargos de publicar en sus agendas oficiales los contactos que mantengan con los grupos de interés (audiencias, reuniones y actos). El problema radica en que una medida dirigida a prevenir y controlar las actuaciones de los lobbies, adquiere una dimensión mucho más amplia, al incluirse en el concepto de grupo de interés a todas las personas u organizaciones que puedan influir en la elaboración o aplicación de las políticas públicas. Y en este concepto pueden incluirse tanto a las entidades que actúan en defensa de los intereses de empresas petrolíferas como a las asociaciones de vecinos que reivindiquen la aprobación de una zona verde en su barrio. Lo cierto es que esta no es una iniciativa aislada; pese al carácter cicatero de la Ley estatal de transparencia en algunos aspectos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha reconocido el carácter público de la información de las agendas de los Altos cargos y ha llegado a exigir del Ministerio de Sanidad la información sobre las reuniones mantenidas con los representantes de las empresas tabaqueras, si bien silenciando los datos personales de los funcionarios presentes en dichas reuniones. Es evidente que la normativa de transparencia tiene origen directo en la reivindicación ciudadana de su derecho a saber cómo se gestionan los asuntos y fondos públicos, y a esta demanda no son ajenos los constantes escándalos de corrupción y malversación. Por ello, se ha repetido hasta la saciedad, el aforismo de que: La luz del sol es el mejor de los desinfectantes. Ahora bien, es sabido que la exposición prolongada a los rayos solares y sin protección tiene efectos perniciosos. O, dicho de otra manera: ¿no deben plantearse límites a la transparencia? Comienzan a alzarse algunas voces que advierten del riesgo de que en esta carrera hacia la transparencia pasemos de la sociedad de la opacidad a la sociedad del exhibicionismo o de la pornografía. Y en este sentido, entiendo que debe reivindicarse un derecho a la reserva o confidencialidad. Soy consciente de que esta reflexión va contracorriente y, seguramente, no es políticamente correcta, pero deberíamos plantearnos si esta administración cristalina que se pretende genera, necesariamente, y, en todos los casos, efectos beneficiosos para el interés público. Imaginemos que una multinacional estudia la implantación de un proyecto empresarial en Cataluña, una importantísima inversión que lleva aparejada singulares actuaciones constructivas, y urbanísticas, y la generación de miles de puestos de trabajo. En este caso, parece pertinente la reserva respecto de las negociaciones previas con los representantes de tal grupo inversor, (sin perjuicio de dar plena publicidad a los acuerdos adoptado al final del proceso) y ello, no para amparar actuaciones corruptas inconfesables, sino, al contrario, porque, de otro modo, se podrían favorecer actuaciones especulativas, y la intromisión en el proyecto de posibles competidores. Además, de otro modo, probablemente, el inversor en ciernes huiría a otros lares donde sus proyectos pudiesen desarrollarse con mayor discreción y tranquilidad. Por otro lado, este tipo de disposiciones pueden comportar precisamente lo contrario de lo que se pretende. Una de las consecuencias de la aprobación de la Ley de Libertad de Información de Gran Bretaña, fue que los responsables políticos fueran tremendamente cuidadosos con aquello de lo que se dejaba constancia en las reuniones de trabajo, lo que motivó, según reconocía Francis Maude, Ministro del Gabinete de David Cameron, que las discusiones se trasladaran del Consejo de Ministros al salón de té. Otra cuestión que ha generado polémica en la implementación de la Ley de transparencia catalana es la obligada publicación de la declaración de bienes de los altos cargos. Está fuera de toda duda que es pertinente el conocimiento público de los ingresos de los Altos cargos por el desempeño de sus funciones, pero, ¿de verdad es necesario que sus cuentas corrientes y patrimonio esté sometido al escrutinio y chismorreo de todos? ¿O es que el dedicarse al servicio público les despoja de su derecho a la intimidad y la seguridad? En fin, resulta indudable que las políticas de transparencia comportan una nueva cultura en la gestión pública, en la que la interacción entre gobernantes y ciudadanos redunde en una democracia más consolidada y una mayor eficacia y eficiencia de la administración, con una gestión ética, responsable y sostenible de los recursos públicos. Ahora bien, este proceso de transformación de la administración debe realizarse de manera inteligente y racional. La confidencialidad, la reserva, es un valor necesario en muchos momentos de la vida, también en la gestión pública, y, si lo olvidamos, corremos el riesgo de que la luz de la transparencia nos provoque quemaduras....

Ahir es va celebrar en Foment del Treball Nacional la Jornada "Lleis de transparència de l'Estat i de Catalunya. Obligacions per a empreses i organitzacions empresarials". Hi van participar com a ponents els Srs. José Mª. Campos, Director de règim intern i legal de la CEOE, i el Sr. Rafael Entrena, per informar sobre l'aplicació pràctica de les lleis de transparència en les empreses i organitzacions empresarials. Accedeix al programa de la jornada. ...

El Supremo sí estima el recurso de los acusados en relación a la cuantía de las indemnizaciones por responsabilidad civil establecidas en la sentencia de la Audiencia Nacional. La Sala II confirma la pena de dos años de cárcel para cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por las indemnizaciones por prejubilación y otros conceptos (por importe de 22 millones de euros) que se concedieron a sí mismos mediante la modificación de sus contratos de alta dirección en el año 2010, cuando estaba iniciado el proceso de fusión bancaria que dio lugar a dicha entidad y se habían reclamado 1.162 millones de euros al FROB para superar la situación de inviabilidad de las dos cajas que iban a fusionarse (Caixa Nova y Caixa Galicia). Los condenados son José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodríguez Estrada (los tres para los que se prepararon las prejubilaciones millonarios, ante la previsión de que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente) y Julio Fernández Gayoso (expresidente de Caixa Nova) y el asesor jurídico Ricardo Pradas Montilla, condenados a la misma pena como cooperadores necesarios del delito. El alto tribunal rechaza el argumento de las defensas de que la reforma del Código Penal introducida en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, impedía su condena por apropiación indebida. Contesta que sus conductas no han quedado despenalizadas, ya que no pueden interpretarse como el resultado de actos de deslealtad con el patrimonio administrado o fruto de decisiones equivocadas en el ámbito de la administración que les incumbía, sino que hicieron suyas las cantidades millonarias "a través de un mecanismo expropiatorio que va mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de su facultades de administración". Es decir, ejecutaron "inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal" y no "meros excesos o abusos" en el marco de sus competencias. Sobre la pena de dos años de prisión impuesta, el Supremo la tacha de "desproporcionada" pero no por su exceso al alza como alegan las defensas, "sino claramente por su exigüidad desde la perspectiva de la gravedad de las conductas", aunque el alto tribunal destaca que no puede establecer nuevas penas que incrementen las establecidas por la Audiencia Nacional en la instancia, al no haber sido cuestionada al alza la sentencia en ese extremo, aparte de los límites que impone el principio acusatorio. La "llamativa lenidad" de las penas, para el Supremo, se deriva de que la suma de dinero apropiada superó de forma extraordinaria los 50.000 euros que el Código Penal fija como subtipo agravado del delito, ya que Pego mejoró su contrato en 7 millones de euros, Gorriarán en 4 millones, y Rodríguez Estrada en 225.400 euros. A ello hay que sumar que los dos primeros intervinieron en la administración de Caixa Nova, que había quedado en serias dificultades de viabilidad y práctica insolvencia, de modo que para hacer viable la fusión bancaria en la que se incluyó el FROB tuvo que aportar más de 9.000 millones de euros del erario público. Accede a la noticia.  Autor: Comunicación Poder Judicial ...