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El TCu mantiene su doctrina sobre la compatibilidad del proceso contable con el proceso penal, pero matiza que, cuando se cuestiona la veracidad del contenido de unas certificaciones de obra, procede la suspensión de las actuaciones en tanto no haya un pronunciamiento del Juzgado de Instrucción sobre dicha cuestión....

El TCu confirma el archivo de unas diligencias preliminares al entender que no cabe pretender que se continúen las actuaciones mediante el nombramiento de delegado instructor a fin de que recabe informes o pericias sobre el precio de determinados servicios contratados, ya que ello supondría una invasión del ámbito de actuación de la Sección de Fiscalización y del órgano de control interno del ente público. Hay voto particular en contra de dicho pronunciamiento....

  EL PAÍS, 28/11/2019 El hecho de que el Tribunal de Cuentas haya asumido el procedimiento, pues, deriva de la propia sentencia del procés. La jurisprudencia ha declarado la "perfecta compatibilidad" entre la jurisdicción contable y la penal sin que ello suponga "un bis in idem, o sea un doble castigo", explica el abogado penalista Rafael Entrena, uno de los pocos especialistas en un órgano cuyo funcionamiento es poco conocido. Entrena participó, por ejemplo, en el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas a raíz de la consulta del 9-N. La única limitación para este órgano, señala Entrena, es que "respete los hechos declarados probados en vía penal". El abogado recuerda que en los casos de malversación de fondos públicos, la ley señala expresamente que la competencia para resarcir el daño causado al erario público corresponde al Tribunal de Cuentas. "Muchos juristas ignoran esta circunstancia, pero lo cierto es que en esos casos el juez penal debería abstenerse". Entrena lamenta, sin embargo, las "escasas garantías" que ofrece el Tribunal de Cuentas para las defensas. Puigdemont, Junqueras y el resto de dirigentes han sido citados para la liquidación provisional. Pero en todo este proceso, no han sido llamados en ningún momento a comparecer. El problema, señala el abogado, es que después de esa liquidación hay un emplazamiento a "afianzar la responsabilidad civil". Si ésta no se desembolsa, llega el embargo. "Y luego ya llega el juicio contable", añade.   Accede a la noticia...

EL PERIÓDICO, 19/07/19 "Tras tres años de investigación, la misma Fiscalía Anticorrupción, a la que se ha sumado la Abogacía del Estado, es quien solicitó el archivo de la causa. La jueza de Barcelona María del Carmen Suárez ha recogido la tesis de la fiscal Marta Marquina y de abogados defensores, entre ellos Rafael Entrena y José Luis Rosillo. Según el auto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, de las diligencias practicadas se deprenden que las “irregularidades” y “deficiencias detectadas” durante la realización de las obras no se deprende que se “encubrieran” diferencias de geometría o medición, “sino de evaluación y valoración”." Accede a la noticia...