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Rafael Entrena. EL PAÍS, 7 de junio de 2017.    El Círculo, protagonizada por Tom Hanks y Emma Watson, nos presenta una multinacional de las telecomunicaciones que gestiona una red social. Esa red posee infinitas aplicaciones y vocación de monopolio mundial. Sus directivos plantean una sociedad de transparencia radical, en la que desaparece la intimidad y todas las actividades humanas son compartidas. Su éxito les lleva a proponer que todos los ciudadanos dispongan de una cuenta con la que ejerzan, obligatoriamente, su derecho al voto. Así, arguyen, se alcanzará el ideal de una democracia absolutamente participativa y de manera instantánea. No es mi intención lanzar aquí un spoiler, pero les anticipo que la cosa acaba mal...

  El próximo 15 de junio se celebrará en Madrid una jornada de formación dedicada íntegramente a la comprensión teórica y práctica de la norma UNE 19601, el hito que llevará, por la vía de la certificación, a la implantación de los sistemas de Compliance en las empresas españolas. Más detalles...

Objetivos La misión de UNE-19601 es “ayudar a las organizaciones a prevenir delitos”. ¿Cómo? Alineando el esquema de su predecesora, ISO 19600, con el Código Penal. No se queda por tanto en una mera traducción, sino que desciende al detalle de la normativa nacional. Y no solo eso, sino que ha tenido también en cuenta tanto las directrices marcadas por la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, así como el criterio de “de destacados expertos representativos de los diferentes grupos de interés del ámbito del compliance penal”. Con ello, se ha buscado y obtenido, en opinión de muchas de las personas que la han analizado, un alto grado de calidad técnico-jurídica al aunar los esfuerzos de metodología propios de las normas de estandarización, con las características propias de nuestro sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, recogido fundamentalmente en el artículo 31 bis del Código Penal (LA LEY 3996/1995).   Diferencias entre ISO-19600 y UNE-19601...

La Guardia Civil ha dejado en libertad al extesorero de CDC, Andreu Viloca, al exresponsable de la organización de CDC, Francesc Sánchez, el directivo de la constructora Oproler, Josep Maria Bassols, y el empresario Fèlix Pasquina, el exregidor al Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives y el delegado en Madrid de la empresa Oproler, Sergio Lerma. Ninguno de ellos ha declarado ante el juez.   Acceso a la noticia....

La acusación pública eleva la estafa a 29 millones y pide hasta 10 años de prisión para directivos y técnicos La Autoridad Portuaria pagó por unas piedras que nunca se utilizaron en la construcción del dique Est   J.G. ABALAT LUNES, 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016    La Fiscalía de Barcelona solicita de siete a 10 años de prisión para nueve altos cargos y técnicos de dos uniones temporales de empresa (UTE) por un presunto fraude de 29 millones de euros cometido en las obras de la prolongación del dique Est del Port de Barcelona, que se iniciaron en el 2001 y finalizaron en el 2008. El juicio está pendiente de fecha. A los investigados se les imputa haber falseado facturas por unas piedras que no se llegaron a utilizar y por el cobro de otras rocas para construir una instalaciones cuando en realidad se utilizaron escombros. La Autoridad Portuaria, que ejerce la acusación particular y está representada por el abogado Rafael Entrena, eleva la presunta estafa a 47 millones de euros. La fiscalía acusa a todos los encausados de falsedad documental en relación con un delito de estafa, por los que les pide siete años de cárcel. A un jefe de departamento le añade dos delitos de fraude a Hacienda y reclama para él 10 años de prisión.   ACCEDE A LA NOTICIA, EL PERIÓDICO (28/11/2016)....

Seguramente nunca conoceremos, con seguridad, hasta qué punto fue determinante en el fallecimiento de la senadora Rita Barberá su situación procesal, pero, desde luego, no es en modo alguno descartable que la angustia o preocupación por estar sometida a una investigación penal y afrontar el trance de una declaración ante un magistrado, haya tenido un efecto desencadenante de su crisis cardíaca. Si bien la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pretendió eliminar el término imputado, con el que se aludía a la persona sobre la que tan sólo recaen meras sospechas, pero respecto de la cual no existen, momentáneamente, suficientes indicios para que se le atribuya formalmente la comisión de un hecho punible, sustituyéndolo por el término investigado, lo cierto es que, en la práctica, no se ha disminuido, en absoluto, el efecto estigmatizante que a nivel jurídico, social, mediático y, sobre todo, político, tiene el adquirir dicha condición procesal. Por más que el proceso español sea claramente garantista con los derechos de los investigados y acusados, en la práctica, la publicidad de los procesos de interés mediático, las lamentablemente habituales filtraciones de las actuaciones y la falta de interés de los medios, en muchas ocasiones, por las tesis exculpatorias, dado su escaso interés periodístico, determina que el daño reputacional para el investigado sea inevitable y, casi siempre, irreparable. En mi carrera profesional he asistido a muchísimos investigados y acusados y, si bien en algunos casos aislados aparentemente se soportaba la situación con tranquilidad –aunque seguramente la procesión iba por dentro- en la mayoría de los supuestos, el peso de la investigación penal genera un tremendo desasosiego que se traslada a todos los ámbitos vitales de la persona: família, trabajo, salud, etc. El abogado debe, a menudo, actuar más de psicólogo, que como jurista, advirtiendo de la longevidad de los procesos en los tribunales españoles y de la necesidad de un blindaje emocional. No es fácil y, desgraciadamente, he presenciado, directamente, como algunos fueron incapaces de aguantar una situación que percibían como injusta e insostenible. Por todo ello, independientemente de la opinión que nos merezca la investigación concreta de Rita Barberá y el contexto en que se produce, lo sucedido debería llevar a la reflexión. No son pocos los casos en que se han producido linchamientos públicos de personas en fases iniciales de investigación que han culminado, a la postre, en resoluciones de archivo o sentencias absolutorias. Sin embargo, el daño producido era ya de muy difícil reparación o, como en el caso de Rita Barberá, definitivamente irreparable. Rafael Entrena Abogado Profesor del Master de Abogacía de la Universidad Pompeu Fabra...

Debe reivindicarse un derecho a la reserva o confidencialidad. Soy consciente de que esta reflexión va contracorriente y no es políticamente correcta.   Rafael Entrena. EL PAÍS, 23 de agosto de 2016.   Recientemente se ha aprobado el Código de conducta de los Altos cargos y personal directivo de la Generalitat de Cataluña y otras medidas en materia de transparencia y grupos de interés. Dicha normativa establece, entre otras disposiciones, la obligación de los Altos cargos de publicar en sus agendas oficiales los contactos que mantengan con los grupos de interés (audiencias, reuniones y actos). El problema radica en que una medida dirigida a prevenir y controlar las actuaciones de los lobbies, adquiere una dimensión mucho más amplia, al incluirse en el concepto de grupo de interés a todas las personas u organizaciones que puedan influir en la elaboración o aplicación de las políticas públicas. Y en este concepto pueden incluirse tanto a las entidades que actúan en defensa de los intereses de empresas petrolíferas como a las asociaciones de vecinos que reivindiquen la aprobación de una zona verde en su barrio. Lo cierto es que esta no es una iniciativa aislada; pese al carácter cicatero de la Ley estatal de transparencia en algunos aspectos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha reconocido el carácter público de la información de las agendas de los Altos cargos y ha llegado a exigir del Ministerio de Sanidad la información sobre las reuniones mantenidas con los representantes de las empresas tabaqueras, si bien silenciando los datos personales de los funcionarios presentes en dichas reuniones. Es evidente que la normativa de transparencia tiene origen directo en la reivindicación ciudadana de su derecho a saber cómo se gestionan los asuntos y fondos públicos, y a esta demanda no son ajenos los constantes escándalos de corrupción y malversación. Por ello, se ha repetido hasta la saciedad, el aforismo de que: La luz del sol es el mejor de los desinfectantes. Ahora bien, es sabido que la exposición prolongada a los rayos solares y sin protección tiene efectos perniciosos. O, dicho de otra manera: ¿no deben plantearse límites a la transparencia? Comienzan a alzarse algunas voces que advierten del riesgo de que en esta carrera hacia la transparencia pasemos de la sociedad de la opacidad a la sociedad del exhibicionismo o de la pornografía. Y en este sentido, entiendo que debe reivindicarse un derecho a la reserva o confidencialidad. Soy consciente de que esta reflexión va contracorriente y, seguramente, no es políticamente correcta, pero deberíamos plantearnos si esta administración cristalina que se pretende genera, necesariamente, y, en todos los casos, efectos beneficiosos para el interés público. Imaginemos que una multinacional estudia la implantación de un proyecto empresarial en Cataluña, una importantísima inversión que lleva aparejada singulares actuaciones constructivas, y urbanísticas, y la generación de miles de puestos de trabajo. En este caso, parece pertinente la reserva respecto de las negociaciones previas con los representantes de tal grupo inversor, (sin perjuicio de dar plena publicidad a los acuerdos adoptado al final del proceso) y ello, no para amparar actuaciones corruptas inconfesables, sino, al contrario, porque, de otro modo, se podrían favorecer actuaciones especulativas, y la intromisión en el proyecto de posibles competidores. Además, de otro modo, probablemente, el inversor en ciernes huiría a otros lares donde sus proyectos pudiesen desarrollarse con mayor discreción y tranquilidad. Por otro lado, este tipo de disposiciones pueden comportar precisamente lo contrario de lo que se pretende. Una de las consecuencias de la aprobación de la Ley de Libertad de Información de Gran Bretaña, fue que los responsables políticos fueran tremendamente cuidadosos con aquello de lo que se dejaba constancia en las reuniones de trabajo, lo que motivó, según reconocía Francis Maude, Ministro del Gabinete de David Cameron, que las discusiones se trasladaran del Consejo de Ministros al salón de té. Otra cuestión que ha generado polémica en la implementación de la Ley de transparencia catalana es la obligada publicación de la declaración de bienes de los altos cargos. Está fuera de toda duda que es pertinente el conocimiento público de los ingresos de los Altos cargos por el desempeño de sus funciones, pero, ¿de verdad es necesario que sus cuentas corrientes y patrimonio esté sometido al escrutinio y chismorreo de todos? ¿O es que el dedicarse al servicio público les despoja de su derecho a la intimidad y la seguridad? En fin, resulta indudable que las políticas de transparencia comportan una nueva cultura en la gestión pública, en la que la interacción entre gobernantes y ciudadanos redunde en una democracia más consolidada y una mayor eficacia y eficiencia de la administración, con una gestión ética, responsable y sostenible de los recursos públicos. Ahora bien, este proceso de transformación de la administración debe realizarse de manera inteligente y racional. La confidencialidad, la reserva, es un valor necesario en muchos momentos de la vida, también en la gestión pública, y, si lo olvidamos, corremos el riesgo de que la luz de la transparencia nos provoque quemaduras.    ...