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EL ECONOMISTA, 05/09/2018 Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, incluidos abogados, procuradores u otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les efactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma.   Accede a la noticia...

Cambra, que ha acudido a la Audiencia Nacional en compañía de su abogado, Rafael Entrena, ha explicado al juez que todo el proceso de adjudicación de las dos obras que están bajo sospecha se hizo de forma correcta y que, incluso, se efectuó una auditoría por cada uno de los trabajos. La defensa del presidente del Port ha aportado estos documentos y ha acreditado que el imputado no asistió a algunas de las reuniones que se le atribuyen con dirigentes convergentes, al estar fuera de Barcelona. Accede a la noticia  ...

Rafael Entrena. "EL PAÍS", 4 de enero de 2018.    De un tiempo a esta parte, las crónicas judiciales están íntimamente relacionadas con el debate político. La retahíla de procesos penales por corrupción en la gestión pública —vinculada, en muchos casos, a la financiación irregular de partidos— ha supuesto el descrédito de algunas formaciones tradicionales y de buena parte de sus líderes. La confusión entre política y proceso criminal ha llegado a su máxima expresión con los procedimientos penales abiertos a raíz de la jornada participativa del 9-N de 2014 y, sobre todo, del referéndum del 1-O, que ha provocado el ingreso en prisión de parte de los miembros del Gobierno catalán. Todo ello ha encendido el debate sobre la acomodación de los tiempos judiciales al de los procesos electorales. En reiteradas ocasiones, una decisión judicial con repercusiones mediáticas y políticas no se ha notificado sino hasta después de la celebración de unas elecciones. Esta práctica habitual se contemplaba en el mundo jurídico como un ejemplo de mesura y de la voluntad del juez de no interferir en la opinión pública. De no mezclar proceso y política. Ahora bien, ¿es eso lo correcto? ¿Debe el magistrado instructor actuar bajo el único criterio de la investigación y adoptar sus decisiones en tiempo, forma y contenido al margen de sus posibles consecuencias políticas? Y si no lo hace, ¿la consecuencia es la ocultación de información que el ciudadano tiene derecho a conocer? Accede al texto íntegro del articulo...

El passat divendres 24 de novembre, Mercè Espinosa, patrona i sòcia de Mehrs, acompanyada dels ponents Joana Ortega, Sòcia-Directora d' Ètica & Transparència i Jesús Santín, Sòci d' Entrena Abogados, van presentar la ponència titulada “Compliance i gestió de la reputació corporativa. Anàlisi de riscos” a l'espai + Bernat, situat al Carrer de Buenos Aires de Barcelona. Accés. ...